El exdiputado uruguayo Ope Pasquet, entrevistado por momarandu.com, relató el proceso que llevó a la aprobación de la Ley de Muerte Digna, un hito legislativo que convirtió a Uruguay en uno de los primeros países de la región en legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Según explicó, la iniciativa nació en 2019 a partir de un caso personal: “Una persona que conocía me llamó y me dijo que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad incurable. Me contaba que pensaba acortar su vida para evitar ese final penoso, pero le dijeron que era imposible ayudarlo porque en Uruguay tanto la ayuda al suicidio como el homicidio piadoso son delito”. Pasquet aseguró que esa experiencia fue decisiva para asumir el compromiso de impulsar un cambio normativo.
En 2020, tras ser reelecto como diputado por el Partido Colorado, presentó junto a otro legislador un proyecto de ley que dio inicio a un extenso debate parlamentario. “Ahí empezó la controversia que duró hasta ahora”, recordó. Posteriormente, en 2021, el Frente Amplio presentó su propia versión y al año siguiente ambos sectores lograron unificar criterios en un texto común. “Ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en 2022, pero quedó trancado en el Senado, donde había resistencias muy fuertes”, explicó. La discusión se retomó en la legislatura actual y, tras nuevas deliberaciones, fue aprobada por ambas cámaras con amplia mayoría. “El miércoles de la semana pasada lo votó finalmente el Senado y ahora ese proyecto ya es ley, está esperando su promulgación por el Poder Ejecutivo”, detalló.
Pasquet subrayó que el debate en torno a la eutanasia fue uno de los más amplios en los que participó durante su carrera política. “Hace muchos años que actúo en política, pero nunca tuve tantas entrevistas, mesas redondas o seminarios como por este tema”, señaló. En su opinión, el proceso se caracterizó por la participación activa de distintos sectores de la sociedad y por un creciente consenso ciudadano en favor de la regulación. “Desde el principio se vio que había una clara mayoría a favor de la eutanasia”, afirmó.
LAS REACCIONES DE LA SOCIEDAD Y LOS SECTORES RELIGIOSOS
El exdiputado destacó que el respaldo popular a la ley fue sostenido en el tiempo. “Una encuesta del año 2020 ya decía que tanto entre la población en general como entre los médicos había una clara mayoría a favor”, señaló. Según datos más recientes, en mayo de este año el 62% de los uruguayos manifestó su apoyo a la eutanasia, frente a un 24% que se pronunció en contra. “No se trataba de un dato aislado sino de una tendencia firme y constante”, indicó. Para Pasquet, este apoyo se vio reflejado en la contundente votación parlamentaria: “En ambas cámaras los votos a favor estuvieron muy cerca de los dos tercios del total de miembros”.
Consultado sobre la posibilidad de un veto presidencial, el exlegislador descartó cualquier obstáculo en esa instancia. “El presidente de la República está de acuerdo con esto. El Frente Amplio lo ha apoyado y va a ser promulgado sin ningún problema”, aseguró. En ese sentido, resaltó la madurez institucional del país y la tradición de debate plural que caracteriza al sistema político uruguayo.
Respecto a la posición de la Iglesia Católica, Pasquet reconoció que el tema generó una fuerte oposición desde los sectores religiosos. “Se manifestó en contra, lo hizo reiteradamente y en tono de polémica”, relató. Mencionó en particular las declaraciones del cardenal Daniel Sturla, quien instó a los católicos a “tener en cuenta quiénes votaron a favor para saber a quiénes no votar en la próxima elección”. El dirigente colorado, sin embargo, enmarcó ese pronunciamiento en una larga tradición de resistencia eclesiástica frente a las reformas progresistas en Uruguay. “Desde la primera ley de divorcio en 1907 la Iglesia estuvo en contra. No hay ninguna novedad”, recordó.
En relación con la influencia del ámbito religioso, Pasquet consideró que su peso en la vida pública es limitado. “Esta es una sociedad laica, un país laico. Nosotros separamos la Iglesia del Estado en 1918. Cada uno libre, la Iglesia libre y el Estado libre”, afirmó. A su entender, esa independencia institucional permitió que la discusión se desarrollara sin presiones indebidas. “La Iglesia puede criticar y está en su derecho, pero en el Parlamento votamos lo que nos parece y esto salió con dos tercios a favor en cada cámara”, puntualizó.
APLICACIÓN DE LA LEY Y ALCANCE HUMANITARIO
El exdiputado detalló que la normativa deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, que dispone de un plazo de 180 días para hacerlo. No obstante, expresó su deseo de que el proceso sea más ágil. “Espero que lo haga antes porque mientras discutimos hay gente que está padeciendo ahora y estaba esperando la sanción de la ley”, enfatizó. Según explicó, el objetivo es que la aplicación se produzca “lo antes posible” para quienes cumplan los requisitos y soliciten acceder a la muerte asistida.
La ley establece que podrán hacerlo las personas adultas, en su sano juicio, que sean ciudadanos uruguayos o residentes habituales, y que se encuentren en etapa terminal de una enfermedad incurable o irreversible, o padezcan sufrimientos insoportables derivados de una patología grave que deteriore su calidad de vida. “Estos son en rasgos generales los requisitos para acogerse a la ley”, precisó Pasquet. Todo procedimiento deberá ser certificado por las autoridades de salud correspondientes.
El pedido debe realizarse de manera personal y por escrito ante un médico, quien informará al paciente sobre los tratamientos disponibles y los cuidados paliativos. “El médico verifica que la voluntad de la persona sea libre, seria y firme”, explicó el exlegislador. Luego, un segundo profesional independiente repite el examen. “Si ambos médicos están de acuerdo, el procedimiento sigue adelante. Si no, se constituye una junta médica de tres miembros: un psiquiatra, un especialista en la enfermedad y un tercer integrante que determinará la reglamentación”, agregó.
Pasquet aclaró que la decisión es estrictamente individual y no puede ser impugnada por familiares. “Es una decisión absolutamente personal que tiene que ser expresada personalmente por la persona cuya vida se trata”, subrayó. Además, el solicitante deberá reafirmar su voluntad ante dos testigos. “En todo momento la persona puede revocar su voluntad y el procedimiento se cancela definitivamente”, añadió.
En cuanto a los plazos, la ley dispone que el primer médico debe pronunciarse en tres días y el segundo en cinco. “Otros plazos son aspiracionales, porque no puede ocurrir que un médico tenga dudas o necesite hacer consultas”, observó Pasquet, señalando que el reglamento deberá precisar los tiempos. “La idea es que se dilucide en plazos breves, porque partimos de la base de que hay una persona que experimenta sufrimientos insoportables”, concluyó.
El dirigente colorado recordó que Uruguay ha sido pionero en diversas reformas sociales que marcaron su historia política. Entre ellas mencionó la ley de divorcio de 1907, la regulación del cannabis y la interrupción voluntaria del embarazo. “Uruguay fue planteando bandera en estos temas, es un país laico donde la libertad se vive de otra forma”, afirmó. El contexto político del país, caracterizado por el respeto institucional y el debate cívico, facilitó el tratamiento del proyecto y su aprobación con amplias mayorías.
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