Estaba sujeto al cumplimiento de los acuerdos de Barbados, en los que el Gobierno de Nicolás Maduro se había comprometido a avanzar en un cronograma electoral, analizar la restitución de los derechos políticos de varios líderes opositores inhabilitados y liberar presos políticos.

El hecho tiene lugar tras ratificarse la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, Maria Corina Machado.

La resolución del lunes 29 de enero de reimponer sanciones a Venezuela fue desencadenada por la sentencia del viernes de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que levantó la inhabilitación de varios líderes opositores, pero mantuvo la de María Corina Machado, amplia ganadora de las primarias presidenciales de la oposición y que ha sido elegida como rival de Nicolás Maduro en los comicios de este año, y la del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonsky.

Un comunicado emitido por el Departamento de Estado también alude al “arresto de miembros de la oposición democrática”, en referencia a la detención de tres dirigentes regionales de la candidatura de Machado, para justificar su decisión de poner bajo revisión la renovación de la Licencia 44, que flexibilizaba las sanciones en las áreas de petróleo y gas, y revocar con efecto inmediato la Licencia 43, que permitía negociar con Venezuela en el sector minero.

Ambas licencias expiraban el 18 de abril, cumplidos seis meses del alivio de las sanciones. En lo que respecta a la 43, la decisión implica que las empresas estadounidenses que tuvieran negocios con la estatal minera Minerven tienen 14 días para “liquidar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia”. La Licencia 44 sigue vigente, pero su renovación no está garantizada.

“El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolanos se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”, aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.