El presidente Javier Milei publicó hoy en el Boletín Oficial el veto total a la ley de movilidad jubilatoria sancionada recientemente por el Congreso. A través del decreto 782/2024, el Ejecutivo rechazó la reforma que proponía un nuevo esquema de actualización de haberes jubilatorios, citando serias preocupaciones fiscales y operativas.

El presidente Milei había firmado el veto el pasado viernes, tras una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados en la Cámara baja.

Según el decreto, la iniciativa del Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente”, ya que no contempla el impacto fiscal ni determina la fuente de financiamiento, lo que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En paralelo al veto, el Gobierno confirmó un nuevo bono extraordinario de $70.000 para los jubilados, con el objetivo de actualizar sus ingresos en el marco del sistema vigente. Además, se está evaluando un posible incremento adicional del 8%, condicionado a la reacción de la oposición tras el veto.

El decreto argumenta que la ley vetada podría generar un gasto adicional de $6,16 billones para 2024 y $15,43 billones para 2025, lo que representaría un incremento del 1,02% y 1,64% del Producto Bruto Interno (PBI) respectivamente. Asimismo, el Gobierno advirtió que la medida pondría en riesgo la recuperación del sistema previsional y dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales, obligando a la emisión monetaria o a aumentar impuestos.

El Congreso ahora tiene la opción de insistir con la ley vetada, lo que requeriría una nueva votación y el apoyo de dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. En este contexto, el Gobierno ha fortalecido sus lazos con legisladores aliados para asegurar el respaldo a su decisión.

Finalmente, el decreto 783/2024, también publicado hoy, establece el bono extraordinario para los titulares de prestaciones previsionales a cargo de la ANSES, así como para beneficiarios de pensiones no contributivas. El monto será ajustado para aquellos que perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, de modo que alcance el tope previsto por la normativa.