LEY DE AMNISTÍA PARA INDEPENDENTISTAS ENTRA EN VIGOR EN ESPAÑA
La Ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista de Cataluña, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo, entró en vigor este martes 11 de junio, en medio de polémica y reticencias. Los jueces tienen ahora dos meses para ponerla en práctica.
La norma establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención contra los implicados en el ‘procés’, algo que la comunidad jurídica se niega a aplicar
Ley aprobada y en vigor, pero los implicados en el proceso independentista de Cataluña tendrán que sortear otro obstáculo, el de una comunidad jurídica que ve reticencias a la hora de aplicar la nueva normativa aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo.
La ley de amnistía borra las responsabilidades penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista de los últimos doce años. Además, establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor,
Pero las discrepancias entre los juristas no son pocas y cuestionan que la ley que perdona estos delitos se pueda aplicar de forma automática. Es decir, la norma tiene recorrido a nivel político, pero no jurídico, y el Tribunal Supremo quiere actuar.
Además, los tribunales, que tienen dos meses para aplicar la ley, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y el proceso en el que estén trabajando quedaría en suspenso
La aprobación de una ley de amnistía fue una condición que impusieron los partidos independentistas catalanes para apoyar en el Congreso la elección como presidente del socialista Pedro Sánchez, en 2023, ya que no contaba con mayoría suficiente.
Pero la norma, apoyada por la izquierda y los partidos independentistas y nacionalistas de la Cámara, es rechazada de manera tajante por el conservador Partido Popular (PP) y por el ultraderechista Vox, que la tachan de inconstitucional y han anunciado recurso ante el tribunal.
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